Como parte del plan de recuperación económica anunciado recientemente por el Gobierno Nacional, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) elabora un
documento Conpes para modificar las condiciones del programa Cobertura Condicionada a la Tasa de Interés para Vivienda Nueva.
Con esta propuesta, que está en construcción, el
Gobierno busca que este programa de Cobertura Condicionada de Tasa para la compra de vivienda (que no sea de interés social) se extienda a las vigencias 2020, 2021 y 2022 con el propósito de
estimular el crecimiento del sector edificador el cual se ha visto afectado por las restricciones derivadas de las extensiones de las cuarentenas. Así, con
el impulso al sector constructor, el Gobierno busca reforzar la generación de empleo y, también, jalonar a los 34 subsectores que están encadenados a este renglón.
Según las cuentas de este borrador de Conpes, implenentar el programa Frech No Vis (Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria) como
medida contracíclica hasta el 2022 requerirá un total de $3,92 billones por parte del Gobierno. Así, señala el documento, “estos recursos guardan consistencia con el Marco Fiscal de Mediano
Plazo 2020-2030 y con el Marco de Gasto de Mediano Plazo 2020-2023, por lo que no genera impacto fiscal”.
Con el programa Cobertura Condicionada a la Tasa de Interés para Vivienda Nueva Frech No Vis, el Gobierno cubriría con apoyos hasta 2022 créditos hipotecarios y
contratos de leasing habitacional.
Así, bajo esta propuesta, se reduciría el costo financiero para comprar vivienda No VIS de $132’435.000 (135 salarios mínimos a $490’500.000 (500 salarios mínimos) o de $147’150.000 (150
salarios) a $490’500.000.
Si se da luz verde a la extensión del programa de Cobertura Condicionada, entre lo que resta de este año y el año 2022, el Gobierno daría 100.000 coberturas a
la tasa de interés (cada una por 42 salarios mínimos, es decir, $41’202.000).
“Dicho monto se desembolsará a lo largo de los primeros siete años del crédito hipotecario de vivienda o contrato de leasing habitacional.
Lo anterior contribuirá a dinamizar el sector construcción de edificaciones en los próximos años”, señala el borrador.
LOS ALCANCES QUE HAN TENIDO LAS COBERTURAS
En lo corrido de los últimos años han sido implementados diferentes programas de cobertura como Frech 1, Frech no VIS 1 y Frech no VIS 2.
Así, el Gobierno ha destinado $2,33 billones para cubrir 128.971 viviendas en todo el país. Tan solo bajo el plan de reactivación bautizado como PIPE 2.0 (en el que se entregaron los apoyos
del programa Frech No VIS 2), el Gobierno desembolsó $1,4 billones en coberturas para 57.108 viviendas.
Según el Gobierno, estas decisiones han sido fundamentales para mover a un sector que (a corte de 2019) pesaba un 6,3% del PIB y que representaba cerca del 6,8%
de los ocupados.
Entre enero y mayo de 2020, según el Dane, el sector constructor empleaba 1,24 millones de personas (754.000 en el subsector de edificaciones).
Ahora bien, de acuerdo con un análisis elaborado por Luis Fernando Mejía -director de Fedesarrollo-, los recientes incentivos anunciados por el Ministerio de
Vivienda para reactivar el subsector de construcción de edificaciones “van en la dirección correcta para la generación de empleos en este sector y sus conexos; además de reactivar la economía
gracias a sus encadenamientos productivos, relacionados principalmente con la industria”.
Por lo pronto, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, recordó que el Gobierno está concentrado, en parte, en empujar la reactivación con 200.000 subsidios
para comprar vivienda VIS y no VIS (este año debe adelantarse un tramo de su entrega).
Finalmente, el Gobierno le apuesta a la aprobación de la ley de vivienda y hábitat con la que pretende, por un lado, facilitar el acceso de los ciudadanos a
estos inmuebles propios en zonas urbanas y rurales.
Por otro, esta iniciativa busca liberar el tope máximo de años de los créditos hipotecarios (actualmente, el límite establecido es de hasta 30 años).
Notas Inmobiliarias
Con cobertura de tasa estimularían al sector vivienda.
Fuente: Actualicese.com
Ley de Vivienda Segura: aspectos importantes para los empresarios inmobiliarios y compradores
Con la Ley 1796 del 13 de julio del 2016 se crea un mecanismo de defensa para el consumidor, con el cual se obliga al constructor o el enajenador de vivienda nueva a amparar los perjuicios patrimoniales mediante su patrimonio, garantías bancarias, productos financieros o seguros.
La Ley 1796 del 13 de julio del 2016 realizó adiciones o cambios a las normas de vivienda y construcción, señalando medidas dirigidas a proteger al comprador de vivienda, aumentar la seguridad de las edificaciones, entre otros aspectos. A continuación se explican algunos temas relevantes de dicha ley.
Certificación técnica de ocupación
La Ley 1796 del 2016 establece que finalizadas las obras aprobadas en la respectiva licencia de construcción y previamente a la ocupación de nuevas edificaciones, el supervisor técnico independiente deberá emitir bajo la gravedad de juramento la certificación técnica de ocupación de la obra.
En dicha certificación se señalará que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la edificación se hizo conforme a los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aprobadas en la respectiva licencia.
La certificación técnica de ocupación deberá protocolizarse mediante escritura pública otorgada por el enajenador del predio y se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble en donde se ubica la edificación.
La ley establece que los notarios y registradores de instrumentos públicos solo podrán otorgar e inscribir escritura de transferencia de la propiedad de inmuebles, cuando se cumpla con la obligación de protocolizar e inscribir la certificación técnica de ocupación.
Los titulares de licencias de construcción, constructores responsables y enajenadores de vivienda que faciliten la ocupación de edificaciones nuevas sin haber protocolizado y registrado la certificación técnica de ocupación serán sancionados con multas sucesivas mensuales de 25 smmlv, sin que en ningún caso exceda los 300 salarios mínimos. Tales multas se aplicarán por cada unidad privada que se ocupe sin haber cumplido con la protocolización y registro de la certificación técnica de ocupación.
Obligación de responder por los perjuicios patrimoniales
La Ley 1796 del 2016 estipula que si la edificación llega a perecer o amenaza a ruina dentro de los 10 años posteriores a la expedición de la certificación técnica de ocupación de una vivienda nueva, con ocasión a vicios de la construcción, por vicio del suelo que el empresario o las personas empleadas por este hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de los materiales, el constructor o el enajenador de vivienda nueva están obligados a asumir los perjuicios patrimoniales causados a los propietarios afectados. Todo lo anterior sin perjuicio de la garantía legal a favor del consumidor que señala el artículo 8 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 del 2011).
En ese sentido, la ley señala que el constructor o el enajenador de vivienda nueva están obligados a amparar los perjuicios patrimoniales mediante su patrimonio, garantías bancarias, productos financieros o seguros, etc.
La obligación expuesta en el párrafo precedente no se extiende a aquella persona que construya una o varias viviendas para su uso propio, siempre que no transfiera las unidades de vivienda durante el término de la obligación de garantía de amparo de perjuicios patrimoniales.
Revisión de diseños estructurales de edificaciones
La ley establece que un profesional particular, distinto al diseñador e independiente laboralmente de este último, será el encargado de revisar los diseños estructurales de las edificaciones cuyo predio o predios permitan superar más de 2.000 metros cuadrados de área construida, independientemente de su uso.
A su vez, el citado profesional certificará ante el curador urbano o la dependencia de la administración municipal o distrital encargada de la expedición de licencias de construcción, el alcance de la aludida revisión, el cumplimiento de la Ley 1796 del 2016 y sus reglamentaciones; igualmente firmará los planos y demás documentos técnicos como constancia de haber efectuado la revisión aludida.
El profesional encargado de la revisión de los diseños estructurales será escogido de manera autónoma por el solicitante de la licencia y su costo será asumido por este último.
Cuando los predios tengan menos de 2.000 metros cuadrados de área construida, independientemente de su uso, la revisión de los diseños estructurales de las edificaciones deberá acatar las normas previstas en la Ley 1796 del 2016 y sus decretos reglamentarios, recayendo la responsabilidad sobre el diseñador estructural, el propietario del predio o el fideicomitente o el constructor en el caso de los patrimonios autónomos titulares de los derechos de dominio que hayan sido designados en el respectivo contrato de fiducia y el titular de la licencia de construcción. No obstante lo anterior, los encargados de estudiar y expedir la licencia realizarán durante su trámite una revisión del proyecto estructural.
Ab. José Vicente Hurtado P.
Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga.
Especialista y Mg. en Derecho Comercial.
Universidad Externado de Colombia.
* Fuente: Actualicese.com
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